jueves, 17 de abril de 2008

UPL decide este jueves si abre expediente a Castresana y Otero por crear una oficina de las Cortes paralela a la oficial

leonoticias.com
Llegó el día. Tras semanas de polémica y declaraciones enfrentadas por fin se tomará una decisión sobre la apertura de una sede parlamentaria paralela a la oficial por parte de los procuradores leonesistas Joaquín Otero y Héctor Castresana. Este jueves se reunirá la treintena de miembros del comité ejecutivo de la UPL, al que se llevará el documento elaborado por la dirección del partido sobre dicha iniciativa, que se considera contraria a la disciplina del mismo ya que se abrió "sin los distintivos de UPL y a espaldas de la dirección".
La apertura de esta sede escenificó la ruptura surgida entre la dirección del partido y Joaquín Otero tras el abandono de éste de su cargo como secretario general de la UPL por su desacuerdo con el pacto de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de León, ya que se abría otro escenario en el que un pacto con el PP hubiera dado la alcaldía a los leonesistas, en concreto a Javier Chamorro, actual vicealcalde del municipio. Otero, que es junto con Castresana, miembro del propio comité ejecutivo que puede decidir la apertura de un expediente, ya ha manifestado su intención de no acudir mañana a la reunión por "coherencia" con la decisión que tomó de abandonar la secretaría del partido.
"No es porque se debata este tema sino porque cuando abandoné la secretaría pretendía quedar como militante de base y no formar parte de la dirección del partido, así que desde entonces no he acudido a ninguna de las reuniones del comité ejecutivo". Cualquiera que sea la decisión que se tome, Otero ha adelantado su intención de no realizar valoraciones porque considera que esta polémica debe cerrarse, sobre todo por parte de la dirección del partido y su secretario general, Melchor Moreno.
Moreno ha expuesto por su parte que el documento elaborado en su momento por la dirección del partido no ha variado pero que en todo caso será el comité el que tome la decisión final. En el texto se subrayaba no sólo el desacuerdo con esa oficina parlamentaria, sino que se criticaba la falta de colaboración de los procuradores en la pasada campaña electoral y la falta de colaboración económica con el partido de parte de los 12.800 euros de los que los procuradores leonesistas disponen para el mantenimiento de su grupo en Cortes. Esta crítica provocó de hecho que Otero anunciara su intención de retirar los 2.500 euros mensuales que afirman que se aportaban al partido de dicha cantidad hasta que dimitiera la comisión permanente o pidiera perdón de forma pública y expresa.
Los ocho miembros de la comisión permanente son el propio Melchor Moreno; el presidente del partido, Javier Chamorro; el secretario de organización y el gerente; el diputado provincial, Lázaro García Bayón y otros tres miembros. A su vez
el comité ejecutivo, con una treintena de miembros, está formado por varios miembros natos que son los procuradores en Cortes, los propios Joaquín Otero y Héctor Castresana, el diputado provincial, los concejales del Ayuntamiento de León y los alcaldes afiliados al partido. A estos se suman 10 miembros elegidos en el último congreso de noviembre, además de seis determinados por el secretario general y los secretarios comarcales de los comités de Bierzo, Astorga, La Bañeza y Madrid y un miembro de Conceyu Xoven.
La situación del partido y la ruptura con el Mass, a debate
Además de votar la posible apertura de un expediente a Otero y Castresana, en el orden del día de la reunión de la permanente figuran otros dos puntos muy importantes. El primero, que no será sometido a votación, sino sólo a debate, será el análisis de un informe realizado tras las últimas elecciones generales, en las que el partido perdió 9.000 votos, sobre la situación de UPL. Asimismo se debatirá la ruptura de la UPL en el Bierzo con el Mass, que sí será votada por los miembros de la ejecutiva.
Moreno señala que dicha ruptura de momento está sólo propuesta por el comité comarcal del Bierzo pero que tras ser votada por la ejecutiva, que lo hará con casi total seguridad, el pacto se considerará definitivamente roto.

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