Los procuradores de UPL supeditan la contribución de 2.500 euros al partido a que dimita la comisión permanente de la formación

leonoticias.com
El procurador leonesista en las Cortes autonómicas por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Joaquín Otero, ha anunciado este martes que dejará de aportar al partido la cantidad de 2.500 euros mensuales de lo que reciben de subvención como grupo parlamentario de manera indefinida, una aportación económica que únicamente continuarán proporcionando a condición de que “presente la dimisión la comisión permanente” de la UPL que “nos ha injuriado” o a que “los dirigentes se embullan de cordura y sentido común” y pidan “disculpas por todo lo que se ha dicho” y comuniquen su disposición a “sentarse y hablar y buscar una fórmula para que la relación se normalice”.

Así lo ha asegurado hoy Joaquín Otero en una rueda de prensa concedida en la sede parlamentaria que los procuradores en las Cortes autonómicas han abierto de forma paralela a la sede oficial de la UPL, lo que ha provocado una revitalización de las tensiones y las diferencias entre el grupo de parlamentarios y la dirección del partido que forman el secretario general, Melchor Moreno y el presidente de la formación leonesista, Javier Chamorro.

Además, Otero ha anunciado que ya ha resulto sus deudas con el partido y ha acometido el pago de los 96 euros que le han supuesto el pago de las cuotas del partido atrasadas y su compromiso como afiliado de la UPL durante el año 2008. La deuda con respecto al pago de cuotas del propio Joaquín Otero y del asesor para las Cortes, Luis Herrero Rubinat, fue hecha pública por el Moreno en días pasados. En este sentido, el procurador ha anunciado que denunciará ante la Agencia de Protección de Datos que la dirección del partido haya hecho públicas esas cifras.

Otero ha recordado que recientemente en un municipio leonés se hizo público el sueldo de un asesor municipal y la Agencia de Protección de Datos multó, en este caso, al Partido Popular con 58.000 euros. El procurador ha afirmado que desvelar datos protegidos está tipificado por la Ley Orgánica de Protección de Datos como un delito “tipificado de muy grave”.