Los procuradores aportan a la UPL el 10% de la asignación de las Cortes

Diario de León

La delicada situación económica de la UPL -con las cuentas bancarias en números rojos, dos créditos pendientes y unos gastos mensuales de 6.000 euros-, es uno de los detonantes del enfrentamiento entre la dirección del partido y el grupo parlamentario, integrado por Joaquín Otero y Héctor Castresana, a raíz de la apertura hace una semana de la nueva oficina parlamentaria, un gasto que, desde el partido, se considera «innecesario». El cruce de acusaciones entre dirección y procuradores ha dejado claro el desencuentro, que ha derivado en un documento aprobado por la Comisión Permanente del partido, reunida el pasado viernes, y que plantea llevar ante el Comité Ejecutivo la línea de actuación ejercida en los últimos meses por los representantes en las Cortes. Frente a las declaraciones realizadas ayer por Joaquín Otero, en las que especificaba haber ingresado en las cuentas de la UPL un total de 7.000 euros en los tres últimos meses, fuentes del partido aseguran que, desde el comienzo de la presente legislatura el pasado mes de junio, los procuradores han aportado a la formación leonesista 13.000 de los 128.000 euros asignados desde entonces por las Cortes al grupo parlamentario para sus gastos, aparte de sus nóminas como representantes parlamentarios. Desde el partido se critica el hecho de que estas aportaciones sólo supongan el 10 por ciento de los ingresos como grupo, frente a las aportaciones de los concejales en del Ayuntamiento de León -Javier Chamorro, Gema Cabezas y Abel Pardo- y el diputado provincial, Lázaro García Bayón, que aportan mensualmente a las arcas del partido la asignación íntegra que reciben para los gastos del grupo por parte de las instituciones, 1.115 euros en el caso de los ediles y 1.400 euros en el caso del representante provincial; cantidades similares a las aportadas por los procuradores, pero que, según fuentes de la UPL, «no suponen el mismo esfuerzo ya que los procuradores pueden aportar mucho más dado que sus ingresos son diez veces mayores a los del resto de cargos públicos». Aunque desde el partido se reconoce que se trata de una aportación de carácter «estrictamente voluntario», las transferencias de los cargos públicos suponen el grueso de los ingresos del partido, ya que las cuotas de afiliados no llegan a los 1.000 euros mensuales. Desde las filas de los procuradores, Joaquín Otero ha acusado a la dirección del partido de «tirar a la basura» los fondos de la UPL, «porque lo dilapidan alegremente en unas elecciones innecesarias», según manifestó el pasado sábado. Los responsables leonesistas se defienden alegando que la concurrencia a los pasados comicios del 9-M fue «un mandato del congreso» y que se había diseñado una campaña «acorde a los escasos recursos del partido». Respecto a las acusaciones de que se había encargado un mailing electoral que nunca se llevó a cabo, fuentes del partido aseguran que se vieron obligados a anularlo debido a que tuvieron que devolver 35.000 euros de los 85.000 adelantados por la Junta en previsión de los resultados electorales del 27-M y que debieron ser reintegrados al no cumplirse las expectativas electorales. Fuentes del partido también aseguran que el candidato al Congreso, Luis Arias, no abandonó el partido dos días antes de la cita electoral, como afirmó el sábado Otero, sino que presentó su baja al día siguiente, renuncia que aún no ha sido tramitada porque debe hacerse en el marco del Comité Ejecutivo, que se reúne el próximo día 17 de abril.