La reestructuración remolachera se ha acordado a espaldas del sector, según las cultivadoras de Zamora

Las tres organizaciones agrarias, Coag, Asaja y Upa, han criticado con contundencia que se hayan quedado al margen del acuerdo alcanzado el pasado lunes entre la Consejería de Agricultura y las industrias azucareras Ebro y Acor para la reducción de la producción.Un pacto que, además, consideran «insuficiente» y que se ha hecho para beneficiar a la industria en detrimento de los remolacheros. Coag entiende que el acuerdo «resultaba absolutamente imprescindible» y era algo que «se esperaba», puesto que había que comunicar a la Unión Europea antes del 31 de este mes el plan el plan de reestructuración azucarero-remolachero para alcanzar la reducción del 50%. Sin embargo, consideran «completamente inaceptable» que se haya alcanzado «totalmente» al margen «de las Organizaciones Agrarias legítimamente representativas». En ese sentido aseguran que la Consejería no solo «no ha mantenido proceso alguno de negociación con las Opas», sino que «ha tratado con desdén incluso las propuestas rigurosas de las organizaciones firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional, a las que ni siquiera ha dado la más mínima contestación». COAG afirma que la consejera Silvia Clemente ha firmado un acuerdo «que favorece a la industria» y «perjudica» al sector remolachero, « toda vez que respalda el plan de reestructuración de la industria en la campaña 2009/10, originando una quiebra seria de la rentabilidad en el cultivo y, por tanto, una reducción sustancial de éste en la campaña 2008/09», como ha señalado Fernando García. Por su parte, el presidente provincial de Asaja, Vicente Calzada, dijo que Consejería e Industria habían hecho «lo que les ha dado la gana» y señaló que, aunque «se ha avanzado algo», el contenido de acuerdo resulta «insuficiente», ya que «el precio oficial de la tonelada de remolacha se han establecido en 40 euros, y nosotros pedíamos más de 42, porque los costes de producción se han elevado mucho». Calzada confía en que el pacto permita, no obstante, alcanzar la reducción del 50% de la producción impuesto por Bruselas «para que puedan llegar las ayudas y hacer que el cultivo sea más atractivo en próximas campañas». El presidente de Asaja ha lamentado que no se haya cumplido con el «anexo 10», con lo que «se deja desamparados a los que ya han abandonado el cultivo» y considera injusto que «los dos años que solicitábamos para el abandono se hayan alargado a cuatro, ya que obligan a quien quiera abandonar a estar una campaña más si quieren cobrar algo más por dejar el cultivo».Upa, mientras tanto, ha condenado «el oscurantismo» que dice ha habido por parte de la Junta y la industrias y lamenta que los representantes de los cultivadores se hayan enterado del acuerdo por la prensa. Para esta organización, el acuerdo se ha realizado «a espaldas del sector y en unas condiciones que no son ni mucho menos las más idóneas para los intereses de los cultivadores, pues en muchos casos resultan abusivas para el propio sector productor y perjudiciales de cara al futuro del cultivo de remolacha en Castilla y León».«El proceso debería haber finalizado en esta campaña para activar las ayudas»COAG considera que la reestructuración debería haberse concluido en la campaña 2008/09 con el fin de activar los mecanismos de ayuda que permite la UE y entiende que el hecho de que Consejería de el visto bueno a las últimas cuatro campañas como referencia para las compensaciones por reestructuración, «conviene a la industria pero condiciona a los remolacheros a un cultivo que no es rentable». Recuerda, además, que los 3 euros/Tm comprometidos por la Junta a partir de la campaña 2009/10 están muy por debajo de los 6 euros/Tm que la UE permite conceder. Incluso, según esta organización, la Consejería señala en el acuerdo «la posible reducción o recorte de estos 3 euros/Tm sin tener en cuenta que los costes de producción se están disparando cada campaña de forma insostenible». El presidente de Asaja, por su parte, cree que es fundamental que los remolacheros que decidan dejar el cultivo «tengan un abandono digno» y conseguir «que los jóvenes tengan un incentivo para que se puedan quedar», ya que entiende que «no sería bueno irnos a otros cultivos y masificarlos; cada producto debe tener su número de hectáreas». Upa, mientras tanto, responsabiliza a la Junta y a las industrias de «toda cuota abandonada en Castilla y León que supere el tope del 50 %», debido a «su lamentable forma de actuar». Entiende, así mismo, que el «ocultismo» que han manejado ha supuesto que «un buen número de agricultores hayan tenido que refugiar en otros cultivos y no en la remolacha por la incertidumbre generada de forma tan irresponsable».