La Junta usa parte del reino de León para enfrentarnos con Extremadura

Diario de León
La Junta de Extremadura ha recurrido el Estatuto de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera las competencias exclusivas del Estado y el principio de unidad de cuenca, ha explicado hoy en una rueda de prensa la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno extremeño, Dolores Pallero. El recurso debe encuadrase en la máxima normalidad democrática y la legitimidad que ampara al Consejo de Gobierno de Extremadura, ha recalcado Pallero, quien ha descartado cualquier electoralismo en decisión. De hecho, ha recordado, la Junta de Extremadura también recurrió en términos similares el Estatuto de Andalucía, que ya ha sido admitido a trámite por el Constitucional. Además, ha explicado que el recurso fue presentado el pasado viernes, 29 de febrero, cuando se cumplían los tres meses de plazo desde la publicación del texto de Castilla y León, y el Gobierno extremeño no informó para evitar que se entendiera como una acción electoral. La rueda de prensa de hoy, ha añadido, se debe a que ayer varios medios de comunicación ya se interesaron por el asunto. El Consejo de Gobierno extremeño considera que su legitimidad para recurrir el Estatuto de Castilla y León está «fuera de toda duda», no sólo por su derecho constitucional, sino también por la admisión a trámite del recurso contra la norma autonómica andaluza. El recurso se ha presentado contra el artículo 75.1 de Estatuto, que señala que «la comunidad autónoma de Castilla y León asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las aguas de la cuenca del Duero, que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma». En opinión de la Junta de Extremadura, este artículo «choca» con lo establecido en el 149.1.22 de la Constitución, que reserva al Estado competencias exclusivas sobre «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas transcurren por más de una comunidad autónoma». Para el Gobierno extremeño, el Estatuto se atribuye como propias esas competencias exclusivas del Estado, lo que constituye la principal fundamentación jurídica del recurso. Pero además considera que conculca el principio de unidad de cuenca, entendida como «la unidad de gestión que permite una administración equilibrada y, por parte del Estado, de los recursos hidráulicos cuando transcurren por más de una comunidad». La administración de esos recursos debe estar fundamentalmente en las cuencas naturales y no en fronteras políticas o administrativas porque «los ríos no entiende de grupos políticos, ni de entrada en vigor de una norma ni de estatutos», ha recalcado Pallero. En este sentido, ha recordado que la cuenca hidrográfica del Duero discurre por siete comunidades autónomas, aunque la mayor parte, un 98,32 por ciento, corresponde a Castilla y León. En Extremadura, afecta a los municipios de Descargamaría y Robledillo de Gata, situados en el norte cacereño y limítrofes con la provincia de Salamanca, con una superficie de 35 kilómetros cuadrados en ambos casos y una población unos mil habitantes. «Independientemente de que afecte a mil, quinientos o un ciudadano de Extremadura, el Gobierno extremeño interpone el recurso, porque defiende, por encima de todo, los intereses de nuestra comunidad autónoma», ha afirmado la vicepresidenta. Por eso, ha insistido en que «no se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa y de vulneración de principios del Estado», porque, además, «los ríos no deben ser troceados».