La Opinión de Zamora La Alcaldía ha dado un plazo «improrrogable» de diez días a Promer, la promotora del edificio del Mercantil, para presentar un proyecto de derribo del exceso de volumetría en el edificio en aplicación de la sentencia judicial. La resolución de la Alcaldía establece que la promotora deberá presentar proyecto técnico conforme a la normativa vigente según el artículo 98 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Terminado este plazo de tiempo, el Ayuntamiento instará a la ejecución forzosa de la sentencia judicial, siempre, claro está, de que el promotor no se avenga a la resolución. El alcalde, Saturnino Mañanes, quien compareció ayer en rueda de prensa junto a la concejala de urbanismo, Mery Martínez, apuntó al cumplimiento de la sentencia judicial que dispone de un plazo de tres meses. Mañanes mantuvo en la mañana de ayer una reunión con el promotor y arquitecto Román Avila y posteriormente con los representantes de los 25 propietarios afectados para comunicarles la decisión. Después de estos encuentros, por separado, el regidor firmó los correspondientes decretos basándose, según confesó ante los medios de comunicación, en los informes de secretaría y la oficina de obras.Desde el fallo judicial, el promotor ha elevado escritos al Consistorio, incluso con informes del Colegio de Arquitectos, pretendiendo «una respuesta más amplia a la que se le está dando», apunta Mañanes quien incide en que por parte del equipo de gobierno se pretende la «ejecución de todo el edificio a la vez», argumentando el no poder separar en varias partes la ejecución de la sentencia. Mañanes abunda en que hay unas partes del edificio que hay que derribar y otras no, en aplicación del fallo judicial. «El Ayuntamiento ha de velar por cumplir las normas, si la Ley dice que tiene que haber 10 metros, son 10 y no 13», así de tajante se manifestó el regidor benaventano. Tanto los servicios técnicos de la asesoría contratada por el Ayuntamiento, como los municipales y los servicios jurídicos serán los encargados de revisar el proyecto técnico a presentar que ha de contar con los visados oficiales.
El grupo municipal socialista acusó ayer al alcalde, mediante un comunicado, de «la tardanza en tomar una decisión» ante el obligado cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, después de que se han cumplido los plazos de aplicación. Los socialistas achacan la demora de la actuación municipal «más que excesivamente cautelosa (¿temerosa?)» en el cumplimiento de la sentencia, debido a «las presiones del PP sobre el alcalde para evitar su cumplimiento», argumentando las «maniobras dilatorias» realizadas por el promotor con estudios, mediciones e informes de COAL. El grupo socialista alega que «todas esas maniobras debieron ser contundentemente rechazadas desde el primer momento por el alcalde». El tono crítico del comunicado inquiere acerca de «la dignidad del alcalde como persona y regidor» de la ciudad, advirtiéndole, por otra parte, que «no podemos permitir que la pierda» como máximo regidor del Ayuntamiento. Los socialistas emplazan a Mañanes a contar con ellos para que «haga, y pronto, lo que tiene que hacer».
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